Sin reparar en el contexto de profunda crisis social y económica que castiga duramente el poder adquisitivo de los argentinos, el gobierno libertario de Javier Milei definió nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas que comenzarán a regir en agosto.
Aunque la administración nacional intenta matizar el impacto con la promesa de más subsidios al gas para evitar boletas excesivas previo a las elecciones, la realidad es que los usuarios seguirán sintiendo el peso de la quita de asistencia estatal.
Las medidas, que buscan una compleja ingeniería para equilibrar las cuentas públicas y, a la vez, contener el descontento social, implican una serie de ajustes en el precio mayorista de la energía eléctrica y el gas natural, junto con un polémico recargo para financiar descuentos por zona fría.
En detalle, los porcentajes de las actualizaciones para agosto son los siguientes:
Energía eléctrica. Se aplicará un aumento del 0,4% en el precio en pesos de la energía eléctrica mayorista y la remuneración a los generadores. Esta suba, pequeña en apariencia, tiene como objetivo declarado la reducción de subsidios, trasladando gradualmente el costo real a los consumidores.
Gas natural. El panorama del gas es más complejo. Por un lado, se producirá una reducción del 4,04% en el precio en dólares del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Esta baja, según el gobierno, busca compensar el incremento del tipo de cambio y significa una inyección de “más subsidios en invierno”, intentando amortiguar el impacto en la estación de mayor consumo.
Recargo por Zona Fría. Aumento del recargo a los usuarios de gas natural por redes que no están incluidos en el Régimen de Zona Fría. Este gravamen pasará del 6,40% al 6,60% y su recaudación se destina a financiar el fondo fiduciario que asiste a aquellos que sí están contemplados en el beneficio por bajas temperaturas. En otras palabras, una parte de los usuarios pagará más para que otros paguen menos, en una redistribución que genera críticas por su impacto en la clase media y trabajadora.
Aunque se estima que los impactos finales en las facturas rondarán entre el 1,5% y el 2%, este nuevo ajuste se suma a una seguidilla de incrementos en servicios básicos que, combinados con la alta inflación y la recesión económica, configuran un panorama de ahogo financiero para millones de hogares.
La realidad está definida por un bolsillo cada vez más flaco y una capacidad de compra en constante deterioro, lo que profundiza la preocupación de los usuarios ante un futuro económico incierto.
