Argentina, un país históricamente reconocido por su producción ganadera, importó en el primer cuatrimestre de 2025 un total de 4.717 toneladas de carne bovina, con un valor que ascendió a los 18,7 millones de dólares.
El precio promedio de estas importaciones se ubicó cercano a los 4.000 dólares por tonelada.
La mayor parte de estas compras se realizaron desde Brasil, que se consolidó como el principal país de origen, según el “Informe Ganadero”.
Esta situación es lamentable y enciende las alarmas, ya que refleja un claro retroceso en el modelo productivo del país. Además, pone de manifiesto las profundas distorsiones macroeconómicas que impactan directamente en el sector agroindustrial, con especial énfasis en la cadena cárnica.
Mientras que en el mismo período, la producción nacional de carne vacuna fue de 993.000 toneladas (res con hueso), igualando los volúmenes del primer cuatrimestre de 2024, la preferencia por la carne importada de Brasil no es casual. La cercanía geográfica, una estructura de costos más competitiva y una política exportadora más agresiva por parte del país vecino han convertido a Brasil en el principal proveedor de carne vacuna para Argentina.
En contraste, los productores argentinos enfrentan un panorama desalentador. Se ven afectados por precios internos deprimidos, un constante aumento de los costos y un horizonte de incertidumbre que frena cualquier tipo de plan de inversión a largo plazo.
Asimismo, los frigoríficos que abastecen el mercado local manifestaron su preocupación, denunciando lo que consideran una competencia desleal.
Paradójicamente, esta creciente importación de carne no se traduce en un beneficio directo para los consumidores. A pesar del ingreso de carne más económica, los ciudadanos no perciben necesariamente una baja en los precios finales, ya que la cadena comercial continúa trasladando los costos acumulados, manteniendo los valores en góndola.
Esta coyuntura subraya la urgencia de revisar las políticas económicas y sectoriales para proteger la producción nacional y garantizar un equilibrio que beneficie tanto a productores como a consumidores.
