El gobierno nacional puso en marcha un extenso plan de reestructuración que impactará directamente a siete organismos estatales.
Las medidas, que afectan a entidades clave en sectores como la industria, la agricultura y la regulación, buscan ahorrar recursos.
Adiós a ARICCAME. La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal será disuelta. Sus funciones pasarán a una Dirección Nacional dentro de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Esta medida responde a la necesidad de simplificar la estructura estatal y prescindir de entidades que no cumplieron con las expectativas de rendimiento.
Con la nueva configuración, la ANMAT retomará la responsabilidad de la regulación del cannabis medicinal, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio se encargará de regular el cáñamo industrial (excluyendo la flor).
La Secretaría de Agricultura será la autoridad competente en semillas y reproducción vegetal. Este esquema busca ordenar las responsabilidades según el tipo de producto y su riesgo sanitario, alineándose con estándares internacionales y reduciendo costos al evitar superposiciones institucionales.
En otro orden, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) pasará a depender de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, manteniendo su nombre institucional. Actualmente, el INTI cuenta con 2.356 trabajadores y un presupuesto anual superior a los $85.600 millones, con una estructura jerárquica equiparable a la de un ministerio. La reestructuración apunta a optimizar su funcionamiento bajo la órbita de Industria.
En el ámbito agropecuario, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) será reconfigurado como un organismo desconcentrado bajo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. El enfoque principal del INTA se orientará hacia la innovación y la transferencia tecnológica, dejando atrás un modelo de extensionismo, agricultura familiar y agroecología, previamente sostenido con recursos públicos. El nuevo perfil del INTA buscará generar conocimientos y tecnologías aplicadas a la producción agropecuaria, fomentando la formación de nuevos productores calificados e integrados en redes privadas.
Por otra parte, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) será disuelto. Sus funciones, establecidas por la Ley 27.118, serán asumidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.
Además, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) dejará de operar como organismo descentralizado. Sus competencias serán absorbidas por una unidad dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) será reconvertido en una unidad organizativa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, conservando su denominación y asegurando la continuidad del proceso de certificación para la exportación de productos vitivinícolas.
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) será transformado en un ente desconcentrado bajo la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, buscando una gestión más eficiente en la protección de la propiedad intelectual.
Estas medidas reflejan la intención de la gestión Milei de redefinir el rol y la estructura de diversos organismos públicos, con un claro objetivo de optimizar recursos, eliminar burocracia y enfocar la labor pública en resultados concretos para la ciudadanía y los sectores productivos.
