La red vial argentina se desmorona a pasos agigantados y, con ella, la estabilidad de miles de familias. El cierre de Vialidad Nacional impuso un estado de alerta, generando un fuerte cuestionamiento sobre el futuro de las rutas del país y el destino de sus trabajadores.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyA), fue categórico en su advertencia, desde el convencimiento de que es inadmisible que Argentina carezca de un organismo nacional que supervise y mantenga su vasta infraestructura carretera.
La preocupación no es infundada. Según el propio sindicato, la red nacional de caminos ya presenta un alarmante 70% de deterioro. Esta cifra, que debería sacudir los cimientos del gobierno, augura un futuro sombrío para la circulación, la seguridad vial y el desarrollo económico de la nación.
Rutas intransitables no solo significan mayores tiempos de viaje y costos de transporte, sino también un aumento exponencial en los accidentes, poniendo en riesgo la vida de miles de ciudadanos.
Asimismo, el gremio considera inaceptable que el país se quede sin un organismo que, a nivel nacional y a través del Consejo Vial Federal, pueda ejercer dominio sobre la red de rutas argentinas, haciendo hincapié en la vital importancia de una entidad centralizada para la planificación, ejecución y mantenimiento de la infraestructura vial.
La falta de inversión y el desmantelamiento de Vialidad Nacional se traducen directamente en baches, grietas y señales deterioradas que son testimonio de un abandono cada vez más palpable.
Pero el daño no se limita al asfalto. La decisión de cerrar Vialidad golpea de lleno a 5.200 familias viales que, de un día para otro, se verán privadas de su sustento.
Son trabajadores con años de experiencia y dedicación, cuya labor es esencial para garantizar la transitabilidad y seguridad de las rutas. La incertidumbre sobre su futuro es un flagelo social que el gobierno no puede ignorar. Por lo tanto, la gestión de Javier Milei debe asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo y de lo que les ocurrirá a estas 5.200 familias que quedarán sin sustento.
La precarización laboral y la eliminación de puestos de trabajo en un área tan crítica como la infraestructura vial no solo es una injusticia para los afectados, sino un retroceso para el desarrollo y la soberanía del país.
