La obra pública se ubica un “80% abajo”, poniendo en stand by inversiones en rutas y caminos, por decisión de Javier Milei que apartó por completo la iniciativa del Estado en estos indispensables proyectos para impulsar y promover las actividades productivas e industriales, en particular de las economías regionales.
La advertencia fue formulada por la consultora Invecq que, a través de un informe, también planteó el siguiente interrogante: “¿Así, las empresas serán más o menos competitivas?”
En diciembre de 2023, el gobierno nacional tenía bajo su órbita un total de 2.308 obras en ejecución a lo largo del país por un valor de $310.000 millones de noviembre de ese año, monto que hoy alcanzaría los $824.000 millones, si se toma en cuenta el efecto de la inflación.
En conectividad e infraestructura vial, eran unas 514 obras en ejecución; en gestión integrada del recurso hídrico, unas 1.031; y en infraestructura urbana, rural y del cuidado, aproximadamente 763.
Por otra parte, el reporte considera que el ajuste fiscal en la inversión en infraestructura terminará por afectar a la recuperación y la capacidad de crecimiento económico de cara al futuro.
En tanto, al abordar la situación del Sector Público Nacional de noviembre, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) puntualizó que “los gastos de capital continúan prácticamente paralizados, con una caída de 76%, destacándose las reducciones en vivienda del 84% y en transporte del 76%”.
En este sentido, resalta que “no se observan señales de reactivación” de la obra pública, incumpliendo por ahora las obligaciones establecidas por el Congreso Nacional en la Ley de Bases que incorporó un artículo para obligar al Poder Ejecutivo a retomar aquellas obras que estén con ejecución física superior a 80% o que cuenten con financiamiento internacional.
