El Gobierno habilitó el uso de tecnologías de desalcoholización con certificación internacional sin exigir la aprobación previa del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La medida quedó formalizada en la Resolución 9/2025, firmada por el presidente del organismo, Carlos Tizio Mayer.
Las bodegas deberán presentar una declaración jurada que acredite la validez de las certificaciones y asegure que el proceso conserva las propiedades esenciales del vino. Además, el INV podrá auditar y verificar los equipos y métodos utilizados.
Con esta disposición, el Ejecutivo busca agilizar la producción de vinos desalcoholizados, alinearse con estándares internacionales y fomentar un mercado en crecimiento.
