El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, anunció oficialmente que el Gobierno buscará avanzar en la baja de la edad de imputabilidad, incluso contemplando la posibilidad de que sea inferior a los 14 años. Esta medida se suma a la presentación de una ley anti-mafia, siguiendo el modelo de legislaciones similares en Estados Unidos e Italia.
Durante su exposición en el Senado, donde brindó su primer informe de gestión, Posse afirmó:
«Un delito de adulto merece una pena de adulto».
Esta declaración resalta la intención del Gobierno de equiparar las penas para delitos cometidos por menores con las de los adultos.
En un comunicado previo enviado a los senadores, el Gobierno explicó que el proyecto de ley sobre Régimen Penal Juvenil reconoce el principio de especialidad, dejando en manos de las provincias la organización del Poder Judicial y la creación de un fuero especial juvenil.
En el ámbito de la Justicia Federal y de la Justicia Nacional Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establecerá que jueces, fiscales, defensores y órganos especializados en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal decidan sobre los procesos penales, el control de medidas y la ejecución de penas, teniendo en cuenta normativas internacionales y pronunciamientos judiciales pertinentes.
El proyecto propone alojar a los adolescentes en institutos especializados de detención, garantizando principios generales y estándares internacionales y nacionales en cuanto a la dirección de los establecimientos, condiciones de detención y capacitación del personal, además de contemplar la separación de detenidos mayores de edad.
Esta propuesta del Gobierno promete generar un intenso debate en el ámbito legislativo y en la sociedad en general, dado el impacto que tendrá en el sistema judicial y en los derechos de los jóvenes en conflicto con la ley penal.
