El Gobierno nacional derogó 43 normas que permitían al Estado intervenir en mercados, fijar precios y requerir información a empresas. La Secretaría de Industria y Comercio, encabezada por Pablo Lavigne, fue la encargada de oficializar esta decisión mediante las resoluciones 1212/2024, 433/2024 y 434/2024. Según el Ejecutivo, la medida busca reducir las distorsiones en los mercados, eliminar barreras burocráticas y aliviar los costos para consumidores y proveedores.
Entre las normativas eliminadas, se incluyen controles sobre la carne vacuna, los productos lácteos, comercios y grandes supermercados, así como regulaciones sobre servicios de comunicación y farmacias. También se derogó una resolución que generaba trámites innecesarios en el proceso de homologación de neumáticos, lo que, según fuentes oficiales, incrementaba el costo de los mismos y afectaba el flujo del comercio.
El Gobierno justificó estas derogaciones argumentando que las normativas no cumplían su objetivo y que solo generaban un gasto administrativo innecesario, sin ofrecer resultados positivos. En los considerandos de las resoluciones, se subraya que dichas regulaciones contribuyeron a un aumento en los costos de transacción, lo que se tradujo en mayores precios para los consumidores.
Se suspendió el programa “Precios Cuidados” y el régimen informativo SIPRE, que obligaba a empresas a reportar precios y cantidades. Además, se estableció una nueva normativa para las importaciones courier, elevando el límite de compras sin aranceles de 1.000 a 3.000 dólares por envío, alineándose con los valores de otros países de la región.
En paralelo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó al Congreso el proyecto de ley denominado “Ley Hojarasca”, que busca eliminar normativas obsoletas y reducir las trabas estatales que afectan las libertades económicas y el derecho a la propiedad.
