El Gobierno nacional formalizó hoy una importante medida de desregulación en el sector de la obra pública mediante un decreto que modificó y derogó varias leyes. Entre los cambios más significativos se destaca la eliminación del Registro de Constructores, una herramienta que durante décadas determinó qué empresas podían acceder a las licitaciones públicas.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, celebró la eliminación de esta normativa y aseguró que representa el fin de «80 años de corrupción en la obra pública de Argentina». Según el Gobierno, el Registro de Constructores actuaba como un filtro que limitaba la competencia, favoreciendo a un pequeño grupo de empresas recurrentes en las adjudicaciones.
El Registro estaba destinado a certificar la capacidad y los antecedentes de las empresas constructoras. En la visión oficial, este sistema obstaculizaba la entrada de nuevas compañías al sector, creando un «club de la obra pública» donde las mismas empresas se repartían los contratos. Sturzenegger ejemplificó la situación con una comparación en la que 10 empresas competían por 10 obras, sin necesidad de competir realmente, ya que todas las empresas tenían asegurado su «trozo del pastel».
Sin embargo, desde el sector de la construcción respondieron de manera crítica a la medida. Aseguraron que el Registro no era un obstáculo para la competencia, sino un filtro necesario para garantizar la calidad y experiencia de las empresas que asumían proyectos de gran envergadura. Argumentaron que los antecedentes de las compañías son esenciales, sobre todo cuando se trata de obras complejas como hospitales o rutas, donde la experiencia y la capacidad técnica son cruciales.
Por su parte, Sturzenegger indicó que, si bien las nuevas empresas no tendrán que cumplir con los requisitos previos del Registro, se implementará un mecanismo para evaluar la capacidad de las firmas, que podrá ser respaldado por patrimonio neto o garantías. De esta forma, se espera fomentar la competencia, permitiendo la participación de empresas grandes, pequeñas y extranjeras.
El impacto de esta medida deja abierta la incertidumbre sobre la futura reactivación de la obra pública. Aunque no se detallaron nuevos proyectos de infraestructura o licitaciones inminentes, el Gobierno expresó su intención de reactivar el sector en el futuro. En este contexto, Sturzenegger destacó que el objetivo de esta reforma es erradicar el esquema de corrupción que, según él, estuvo presente en la obra pública durante años.
