Las provincias asumen la ejecución de políticas para personas sin hogar tras un cambio en la ley nacional.
El Poder Ejecutivo modificó por decreto la Ley 27.654 y asignó a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la responsabilidad directa sobre las políticas públicas destinadas a personas en situación de calle. A través del Decreto 373/2025, el Gobierno nacional redefinió su rol, que pasará a ser de coordinación y asistencia en casos puntuales.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia continuará como autoridad de aplicación, pero ahora limitará su intervención a la elaboración de lineamientos generales y la asistencia a aquellas jurisdicciones que no cuenten con recursos suficientes. Cada provincia podrá adaptar sus programas según sus realidades territoriales y presupuestarias, incluyendo subsidios, dispositivos de inclusión o asistencia legal.
El Ejecutivo argumentó que una estrategia uniforme no logró los resultados esperados, debido a la diversidad geográfica y social del país. Por ello, el nuevo esquema apuesta a una descentralización que permita respuestas más eficaces, tomando como modelos exitosos algunas experiencias locales como el Operativo en Red de Misiones y el sistema UAPSI en Mendoza.
El decreto forma parte del plan de reorganización estatal impulsado por el presidente Javier Milei, alineado con la Ley Bases y el DNU 70/2023. A partir de ahora, las provincias deberán reorganizar sus estructuras para responder de manera autónoma a una problemática compleja y creciente.
