La esperanza de una pronta recuperación para Bahía Blanca, devastada por el trágico temporal del 7 de marzo que cobró la vida de 16 personas, se desvaneció abruptamente. El presidente Javier Milei oficializó el veto total a la Ley de Emergencia para la Reconstrucción de la ciudad, una decisión que fue recibida con indignación y una profunda sensación de abandono por parte de los afectados y de gran parte del espectro político.
La ley, que había sido aprobada con amplio consenso en ambas cámaras del Congreso, no era solo un paquete de medidas, era un lifeline. Contemplaba la creación de un fondo especial de $200.000 millones, vital para la reconstrucción de la infraestructura edilicia pública, incluyendo edificios estatales, provinciales y municipales, y crucialmente para la edificación y reparación de las viviendas que quedaron en ruinas.
Además, buscaba destinar recursos a la infraestructura necesaria para la normalización de los servicios públicos esenciales y la refuncionalización de actividades productivas, aspectos fundamentales para que la vida en Bahía Blanca pudiera volver a una mínima normalidad.
El golpe para una ciudad que aún se lame las heridas es devastador. Para las familias que perdieron a sus seres queridos y para quienes vieron sus hogares y sus medios de vida reducidos a escombros, este veto no es una simple decisión administrativa, es una muestra de insensibilidad y falta de empatía por parte del Poder Ejecutivo.
La argumentación detrás de la negativa presidencial aún resuena con un eco de frialdad, en contraste con la urgencia y el dolor que se viven en el sur bonaerense.
Mientras tanto, en el Congreso de la Nación, la respuesta no se hizo esperar. El arco opositor, unido en su rechazo a esta medida, se prepara para insistir con la ley. Diputados y senadores manifestaron su firme intención de revertir el veto presidencial, en un esfuerzo por garantizar que la ayuda prometida llegue finalmente a quienes más la necesitan.
La batalla legislativa se anuncia intensa, con la mirada puesta en la capacidad del Congreso para hacer valer la voluntad popular frente a una decisión que muchos califican de cruel e inoportuna.
La situación en Bahía Blanca, lejos de mejorar, se ve ahora agravada por una incertidumbre que se suma al desastre. El veto a la ley de emergencia no solo retrasa la reconstrucción material, sino que también ahonda una brecha de confianza entre el gobierno nacional y una población que se siente desamparada en su momento de mayor vulnerabilidad.
