El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) lanzó una advertencia contundente sobre la situación socioeconómica del país, señalando que las cifras oficiales de pobreza del INDEC encubren una “ficción” de mejoría.
El informe, que aborda la pobreza multidimensional, revela un aumento del estrés económico en los hogares, ya que la plata simplemente no alcanza para cubrir las necesidades básicas.
El estudio del ODSA-UCA desagrega la pobreza en seis dimensiones: alimentación/salud, educación, trabajo, hábitat, servicios públicos y ambiente. A pesar de una supuesta baja en el índice de pobreza por ingresos, la realidad es que el 23,5% de los hogares se encuentra en situación de pobreza multidimensional, con más del 35% de las familias enfrentando dos o más carencias de forma simultánea.
La disminución en el porcentaje de personas afectadas se debe, según el informe, al aumento de la población, ya que las carencias estructurales, como la falta de acceso a agua corriente y cloacas, persisten.
Una de las principales novedades es que estos problemas ya no se limitan a las periferias, sino que también se extienden a los cascos urbanos centrales.
Los tres indicadores de pobreza multidimensional que más se incrementaron son: el acceso a la salud y la inseguridad alimentaria, el trabajo precario y, en menor medida, la educación.
El relevamiento pone especial énfasis en el impacto de estas carencias en los jóvenes, apuntando que la falta de acceso a derechos básicos provocó un aumento en la deserción escolar, especialmente en los últimos años del secundario, con una baja tasa de reinserción.
Además, el estudio destaca un cambio importante en el sistema de precios a partir de 2024. El aumento en los costos de servicios fijos como comunicaciones, transporte, gas y agua obligó a las familias a destinar una mayor parte de sus ingresos a estos gastos esenciales.
Esta situación hace que la recuperación económica percibida no se traduzca en un mayor consumo de alimentos, turismo o recreación.
En otras palabras, la baja en la pobreza no refleja una mejora real en la calidad de vida de las familias, sino un ajuste forzado en sus prioridades de gasto.