Por decisión del gobierno de Javier Milei, la obra pública nacional se precipitó en promedio un 83% en términos reales, situación que impactó en todas las provincias y en distintos niveles.
En el curso de los primeros 10 meses de 2024, las partidas de financiamiento nacional para obras, en comparación con 2023, se fueron por el piso de manera pronunciada, a punto tal que las inversiones tocaron una caída nominal de 24% y de 83% en valores reales.
Es importante tener en cuenta, que la obra pública o inversión real directa (IRD) es una parte clave del gasto público nacional, siendo su meta central potenciar las capacidades productivas de todo el país, desde una administración centralizada, es decir, definida, ejecutada y monitoreada por el gobierno nacional.
En este marco, la totalidad de las administraciones provinciales sufrieron una drástica reducción de recursos para obra pública en términos reales. En el caso de Jujuy, pudo paliar mejor que otras provincias los efectos de la inflación, aunque padeció una caída de -29%.
El ajuste en la obra pública en Jujuy se reflejó en la suspensión de proyectos y licitaciones, y el traspaso de obras acordado con la Nación.
El reacomodamiento afectó sensiblemente el sector de la construcción, que registró una evidente caída en el empleo.
El rumbo de administración de la inversión pública, concentrado en obras puntuales y en proyectos menores de mantenimiento, redefine el rol de los recursos nacionales que ahora son apenas un complemento de la potencial iniciativa privada.
¿Tendrá el sector empresario la capacidad operativa y la espalda financiera para compensar la retracción en la construcción? Por lo pronto, las expectativas para 2025 son cautas.
