La gestión libertaria dejó en la calle al 8,4% del personal estatal en solo 14 meses, materializando de esta manera uno de los ajustes más sangrientos en la estructura pública. Esta política se traduce en un total de 42.034 trabajadores que dejaron sus puestos en el sector público nacional.
Así lo hizo saber el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que, además, confirmó que el proceso de reducción se profundizará durante este año.
Como se puede apreciar, el desempleo se instaló como uno de los pilares centrales de la estrategia económica que impulsa la administración Milei.
Las desvinculaciones abarcan tres grandes áreas del Estado: la Administración Pública Nacional (APN), las empresas estatales y el personal militar y de seguridad.
La APN concentró el mayor volumen de bajas, con una reducción del 11,8% en su plantel; seguida por las empresas públicas, donde la caída fue del 15%; y el sector de defensa y seguridad, con menores cifras aunque también en descenso.
Una creciente incertidumbre y un palpable temor se apoderan de los trabajadores del sector público, que viven con la angustiante sensación de que sus puestos de trabajo penden de un hilo.
Este clima de zozobra se instala en un contexto económico nacional, marcado por el preocupante avance del desempleo y el sostenido incremento de los índices de pobreza, generando una doble amenaza para miles de familias.
Los datos oficiales y los informes de organizaciones especializadas confirman una tendencia preocupante: el desempleo en el sector público continúa en ascenso, dejando a un número cada vez mayor de personas sin ingresos y con serias dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.
Además, la dificultad para encontrar alternativas laborales en un mercado ya saturado y la escasez de oportunidades hacen que la perspectiva del despido se asimile a un abismo económico y social.
