La reciente decisión del gobierno libertario de disolver el Fondo Nacional del Manejo del Fuego (FNMF), encendido las alarmas entre ambientalistas y expertos en gestión de desastres.
La medida se justificó en un informe de auditoría que denunció irregularidades en la contratación de personal durante el año 2023. Sin embargo, el cese de este fondo esencial plantea serias interrogantes sobre el compromiso del Estado con la protección del medio ambiente y la prevención de catástrofes naturales, especialmente en un contexto de creciente vulnerabilidad climática.
Según el informe esgrimido por el ejecutivo, se detectó la contratación de al menos 62 personas el año pasado, de las cuales “no pudo constatarse el cumplimiento de los entregables establecidos en las condiciones de contratación”. Si bien la transparencia en la gestión pública es un pilar fundamental, la respuesta de disolver una herramienta crucial para el combate de incendios forestales generó un fuerte rechazo.
El Fondo Nacional del Manejo del Fuego no era simplemente una herramienta de contratación, sino una estrategia vital para la provisión de recursos, capacitación y equipamiento destinado a la prevención y lucha contra los incendios que asolan vastas extensiones de territorio cada año.
Argentina, con su diversidad de biomas, desde los bosques patagónicos hasta los humedales del Litoral, es particularmente susceptible a estos fenómenos, que se ven exacerbados por el cambio climático.
Expertos coinciden en que la ausencia de un fondo específico y coordinado para el manejo del fuego podría tener consecuencias devastadoras, teniendo en cuanta que los incendios forestales no solo destruyen flora y fauna, sino que también liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero. Además, impactan en la calidad del aire y afectan directamente la salud de las comunidades cercanas.
Disolver este fondo sin una alternativa robusta y funcional, es un retroceso preocupante en la política ambiental del país.
La preocupación se intensifica ante la inminencia de la temporada de mayor riesgo de incendios en varias regiones del país, entre ellas Jujuy. La falta de inversión en prevención, detección temprana y capacitación de brigadistas podría dejar al país en una situación de extrema fragilidad frente a eventos que, con el aumento de las temperaturas y la sequía, se vuelven cada vez más frecuentes e intensos.
La decisión de desmantelar un pilar fundamental para la protección ambiental, es interpretada por muchos como un descuido alarmante por el planeta y sus recursos.
