El barrio de Alto Comedero, hogar de cerca de 140.000 personas, enfrenta un alarmante aumento del crimen, con el narcomenudeo y la violencia de género como los flagelos más prevalentes.
En un intento por reforzar la respuesta judicial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) inauguró nuevas dependencias en el barrio, buscando optimizar su servicio y mejorar el acceso a la justicia para los residentes.
El procurador general del MPA, Sergio Lello Sánchez, señaló durante la inauguración que el 60% de las causas penales en el barrio están vinculadas directamente con estos dos delitos: el narcomenudeo y la violencia de género.
“De la enorme cantidad de causas, el 30% corresponde a narcomenudeo, el 30% a violencia de género y el resto a delitos de diversa naturaleza”, explicó.
El narcomenudeo no es solo un delito de venta de drogas, sus consecuencias permean el tejido social del barrio.
La proliferación de la venta a pequeña escala genera un aumento de la violencia, la inseguridad y el desmembramiento familiar.
Los conflictos territoriales entre grupos criminales a menudo resultan en enfrentamientos violentos, poniendo en peligro a residentes inocentes.
Además, la adicción a las drogas destruye vidas, afecta la salud mental y física, y fomenta otros delitos como el robo, ya que los adictos recurren a cualquier medio para obtener su próxima dosis.
Por otro lado, la violencia de género, si bien afecta a todas las clases sociales, se agrava en contextos de marginalidad, donde las víctimas a menudo carecen de los recursos económicos y sociales para escapar de las situaciones de abuso.
Esta violencia, que puede ser física, psicológica, económica o sexual, no solo deja cicatrices emocionales y físicas en las víctimas, sino que también perpetúa ciclos de abuso que afectan a los hijos y a la comunidad en su conjunto.
La normalización de la violencia en el hogar erosiona la confianza en las instituciones y la capacidad de las víctimas para denunciar y buscar ayuda.
Para enfrentar este complejo panorama, las nuevas dependencias incluyen un Centro de Asistencia a la Víctima, que proporcionará apoyo legal y psicológico; una Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, destinada a mediar en disputas menores y descongestionar el sistema judicial; y una Sala de Entrevista de Declaración Testimonial Video Grabada (Cámara Gesell), un espacio crucial para proteger a las víctimas de delitos sensibles, como los abusos sexuales, durante sus testimonios.
Lello Sánchez enfatizó que la apertura de estas oficinas en un barrio tan densamente poblado y con alta criminalidad es una respuesta directa a la necesidad de acercar la justicia a la gente.
Con una población que supera las 140.000 personas distribuidas en más de 30.000 hogares, la demanda de servicios judiciales es constante. La optimización del trabajo del MPA a través de estas nuevas sedes, es un paso significativo para mejorar la seguridad y la calidad de vida en Alto Comedero.
