El gobierno de Javier Milei llevó a las nubes los precios de los combustibles en 2024, a partir de una inagotable sucesión de ajustes basadas en la carga impositiva.
Esa masa de recursos recaudados, por imperio de la ley, no puede tener otro destino que no sea la ejecución de obras viales. Sin embargo, hay un porcentaje que todavía no llegó a destino.
Una de las primeras amenazas del gobierno libertario, lamentablemente cumplida, fue la eliminación de la obra pública, es decir, esta medida resulta casi incompatible con el cobro sistemático de este tributo.
Planteadas así las cosas: ¿Dónde fue a parar ese dinero?
Un reporte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), da cuenta que el gobierno nacional recaudó durante todo el 2024 un total de $2,5 billones, con un crecimiento interanual del 33,9% en términos reales, que solo fue superado por el impuesto PAIS.
El 28,5% de esa recaudación va al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, que durante 2024 recibió $619.000 millones de pesos. La mitad de esa suma, debería transferirse a Vialidad Nacional para obras en la red de rutas (equivalentes a 40.000 Km). Pero únicamente se transfirieron $149.000 millones, esto es menos de la mitad de lo que corresponde.
En otro orden, relevamientos oficiales muestran una notoria subejecución del presupuesto para ese concepto, que en algunos casos apenas supera el 1% de ejecución.