La reciente resolución del gobierno sobre la cobertura de prepagas y obras sociales generó desconcierto y enojo entre los usuarios, médicos y legisladores. La medida establece que, para acceder a medicamentos o prácticas, los pacientes deberán ser atendidos por médicos que pertenezcan a la cartilla de su obra social o prepaga.
Según la resolución 3934/24, en los planes abiertos, los beneficiarios pueden elegir entre prestadores de cartilla o externos, mientras que en los planes cerrados solo pueden atenderse con los médicos incluidos en la cartilla. Graciela Ocaña, legisladora porteña, advirtió que muchos médicos abandonaron las cartillas debido a los bajos honorarios, obligando a los usuarios a pagar consultas particulares. Jimena Worcel, médica psiquiatra, destacó que la medida perjudica a los pacientes que confían en médicos privados.
Los afiliados expresan su preocupación por las demoras en la atención. Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud, mencionó que las entidades ofrecerán soluciones, como recetas prolongadas y consultorios de atención espontánea. Sin embargo, la incertidumbre persiste, especialmente si se requiere atención urgente.
El gobierno defiende la resolución como un intento de ordenar la prescripción médica y asegurar que las recetas provengan de especialistas. No obstante, muchos cuestionan cómo afectará a quienes reciben atención en hospitales públicos o especialistas que no están en la cartilla. La polémica continúa en torno a si esta medida realmente mejora la transparencia del sistema de salud argentino.
