Se prevé un inminente llamado a licitación que marcará un antes y un después en la gestión de la infraestructura vial del país. Se trata de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, un ambicioso plan que busca delegar en empresas privadas el mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales.
Esta iniciativa impactará directamente en Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa, incluyendo importantes corredores de la región norte.
Dentro de los tramos contemplados en esta nueva etapa de concesión, y de particular interés para Jujuy, se encuentran secciones estratégicas.
Específicamente, se prevé incluir parte de la Ruta Nacional 34, desde Río Las Pavas hasta el norte de San Pedro.
Además, la licitación abracaría la Ruta Nacional 66, la 66 bis y un tramo de la Ruta Nacional 9 en la zona que conecta San Salvador y Río Yala.
Estos ejes viales son cruciales para el tránsito de la región, facilitando la conectividad y el desarrollo económico local.
En este marco, se contempla la posibilidad de establecer dos nuevos puntos de peaje en la provincia. El primero se ubicaría sobre la Ruta Nacional 34, en la zona de Barro Negro, donde actualmente funciona la báscula. El segundo peaje se instalaría en el kilómetro 22 de la Ruta Nacional 66 bis, en cercanías del Río Perico.
Es importante destacar que, según los términos de la futura licitación, la empresa que resulte adjudicataria tendrá una responsabilidad inicial fundamental: poner en condiciones las rutas.
Esto implica la realización de tareas de bacheo, recapado y tratamiento de la calzada para garantizar la seguridad y la transitabilidad de los caminos.
Solo después de que se hayan completado estas obras de infraestructura y se cumplan con los estándares de calidad exigidos, se permitirá la instalación y habilitación de las cabinas de peaje.
Esta condición busca asegurar que los usuarios reciban una mejora tangible en las rutas antes de que se les cobre por su utilización.
La medida busca aliviar la carga del Estado en el mantenimiento vial y fomentar la inversión privada en infraestructura, aunque seguramente generará un debate sobre el impacto de los peajes en la economía regional y en el bolsillo de los usuarios.
