Una nueva disputa se abrió entre el gobierno nacional y las provincias, esta vez por la gestión y el financiamiento de las rutas.
Los gobernadores lograron la semana pasada que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de ley que reforma la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una iniciativa que el presidente Javier Milei ya adelantó que vetará.
El foco del conflicto está en el estado de las rutas nacionales, cuyo mantenimiento debería ser financiado, en parte, con los ingresos del tributo a las naftas. Sin embargo, la realidad es muy diferente.
Un informe de legisladores opositores reveló que más del 88% de los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) de 2024 no se destinaron al mantenimiento de las carreteras, sino que fueron desviados a otros fines.
Gobernadores de diversas filiaciones políticas denunciaron el abandono y el peligro que representan las rutas en mal estado. Algunos incluso llevaron la situación a los tribunales, exigiendo la transferencia de la administración de ciertas vías para poder acondicionarlas con fondos propios.
Los datos de la Cuenta de Inversión de 2024 confirman la crítica situación. El gobierno de Milei solo cumplió con el 24% de las metas previstas en el programa “Pavimentación de Rutas Nacionales”.
De un objetivo de 205,15 kilómetros de pavimentación, solo se lograron 49,45 kilómetros. El informe detalla que solo se finalizaron dos obras, mientras que otras tres quedaron inconclusas, paralizadas o neutralizadas.
La decisión de Milei de vetar la ley de ATN puede intensificar el conflicto, dejando en un limbo la responsabilidad y el financiamiento del mantenimiento de las rutas, una situación que afecta directamente la seguridad de los ciudadanos y el desarrollo de las economías regionales.
