La polémica vuelve a encenderse en el Congreso de la Nación, tras conocerse que el congelamiento de las dietas de los senadores nacionales, acordado en agosto pasado, quedó sin efecto. De esta manera, los legisladores de la Cámara Alta percibirán un salario bruto de $9.500.000, cifra que contrasta fuertemente con la profunda crisis social y económica que atraviesa gran parte de la población argentina.
La noticia del incremento salarial para los senadores llega en un momento particularmente sensible. Apenas unas jornadas antes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló un alarmante índice de pobreza del 38,1%, lo que significa que casi 18.000.000 de argentinos se encuentran bajo la línea de pobreza, luchando por cubrir sus necesidades básicas.
Este contexto de marcada vulnerabilidad social, hace aún más cuestionable la decisión de reactivar los aumentos en las dietas de los legisladores.
La medida genera indignación y críticas por parte de diversos sectores de la sociedad, que consideran inoportuno y desmedido un incremento de tal magnitud en un momento donde la mayoría de los ciudadanos enfrenta dificultades económicas significativas.
Según trascendió, desde algunos sectores del Senado se estaría buscando un mecanismo legal para intentar frenar la entrada en vigor de estos aumentos.
La incertidumbre sobre si finalmente los senadores percibirán o no este abultado incremento salarial añade más tensión al debate público.
La decisión de descongelar las dietas senatoriales se interpreta como una señal mezquina por parte de la clase política, especialmente en un contexto donde el discurso oficial pregona austeridad y sacrificio para la ciudadanía. La disparidad entre los ingresos de los representantes y la difícil realidad que enfrentan millones de argentinos alimenta el malestar y la desconfianza hacia las instituciones.
¿Esta medida sectaria hará mella en las urnas en octubre?
