En este marco, las alternativas limpias fueron (aún lo son) la prioridad del gobierno de Gerardo Morales que concentro ingentes esfuerzos en la discusión de un proyecto nacional de ley de electromovilidad, para el cual parece asomar una nueva oportunidad. “No hay vuelta atrás, el futuro es la electromovilidad”, supo definir Morales.
La Asociación de Vehículos Eléctricos y Alternativos (AAVEA), considera que el Régimen de Incentivo para la Generación Distribuida (RIGI) encierra algunos aspectos que edifican la posibilidad de encaminar la electromovilidad en el país, aunque este no la aborde particularmente.
Diego Cosentino, consultor en Movilidad Eléctrica y miembro del directorio de AAVEA, dijo que en el gobierno nacional «hay interés en el tema» y exteriorizó su convencimiento de que «el desarrollo de la electromovilidad es un hecho cercano».
Además, recalcó que las estaciones de servicio, comúnmente asumidas como espacios de reaprovisionamiento de combustible, experimentan una «evolución hacia conceptos más amplios de centros de movilidad integral».
La electromovilidad es la llave que abrirá las puertas a las oportunidades de desarrollo con la movilidad sustentable, energías renovables y los minerales críticos para la transición energética, tales como el litio y el cobre.
Se estima que el negocio de la electromovilidad será del orden de los 35.000 millones de dólares en los próximos diez años.
En consecuencia, Argentina necesita de leyes estructurales, acuerdos y mirar a 5, 10, 15 o 20 años, a fin de poner en marcha una planificación y programas productivos que generen un cambio en la economía nacional.
